Declarados en Rebeldía

IX. Educación Superior e Investigación


El foco de trabajo del Consejo ha sido el sistema escolar obligatorio, en atención fundamentalmente al contexto en que se generó dicha instancia. Sin perjuicio de ello, se ha estimado indispensable abordar también el nivel superior de la educación chilena, dado su alto grado de interacción con el sistema obligatorio y sus desafíos actuales. Para ello, el Consejo consideró conveniente precisar lo que se entiende por Educación Superior, referirse a la situación actual de ella en Chile y, desde allí, abordar los temas referidos a marco regulatorio, calidad, financiamiento, relación con la Ciencia y Tecnología y, en este contexto, la importancia de la investigación educativa, además de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Se estima de la mayor importancia que se considere en el futuro próximo, la creación de una instancia para discutir el desarrollo de la educación superior chilena, preferentemente con una institucionalidad permanente.

IX. 1. Rol y funciones de la Educación Superior

IX.1.1.- Definición de Educación Superior

La expresión educación superior o enseñanza superior, se refiere a un proceso formativo educacional y a los centros y las instituciones educativas que están después de la educación secundaria o media. Los establecimientos de educación superior han sido tradicionalmente las universidades, pero, además, se consideran otros centros educacionales como institutos, escuelas profesionales, o escuelas técnicas, centros de formación, escuelas o institutos politécnicos, etc. Según la UNESCO, la educación superior comprende "todo tipo de estudios, de formación o de formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza superior" .

La preparación que brinda la educación superior es de tipo profesional o académica. Se distingue entre estudios de pregrado (licenciaturas y títulos) y postgrado (magíster y doctorado). Es común que existan mecanismos de selección de los postulantes, basados en el rendimiento escolar de la secundaria o exámenes de selección. Según el país, estos exámenes pueden ser de ámbito estatal, local o universitario. En otros sistemas no existe ningún tipo de selección.

Una función importante, aparte de la enseñanza en la educación superior, son las actividades de investigación en los distintos niveles del saber. Y también la que corresponde a actividades de extensión, en las que se procura la participación de la población y se vuelcan hacia ella los resultados.

En Chile, forman parte de nuestro Sistema de Educación Superior diversos tipos de instituciones, entre las que se cuentan: las Universidades, los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT), los que pueden otorgar oficialmente certificaciones académicas correspondientes a grados académicos, títulos profesionales y títulos de Técnicos de Nivel Superior, respectivamente, bajo condiciones establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE), lo que se detalla más adelante. Sin perjuicio de esto, cada institución de educación superior puede crear otras certificaciones académicas, en el marco de su autonomía institucional, siempre que se respeten los criterios establecidos en la ley (diplomados y post-títulos en el caso de las universidades).

Además, la ley reconoce oficialmente como Instituciones de Educación Superior a los establecimientos de las Fuerzas Armadas, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (referidas como Instituciones de las FFAA). Estos establecimientos están facultados para entregar títulos y grados académicos propios del ámbito de su competencia .

IX.1.2.- Funciones fundamentales de la Educación Superior

El quehacer de la Educación Superior debe propender a la excelencia, al desarrollo e integración de los saberes y prácticas específicas, al aporte de una perspectiva valórica y al fomento de la vocación de servicio público, dentro del marco de un propósito formativo que debe animar a todas las actividades en que se especifican dichas funciones. Las fundamentales son las siguientes:

Docencia. Promover en sus distintos niveles una docencia integrada, que articule la formación básica, general y especializada, con la formación ética y cultural. Desarrollar una permanente preocupación por la calidad, entendida ésta dentro de un Proyecto de Desarrollo Nacional, y por la actualización y creatividad en el ejercicio de esta función.

Investigación y creación. Estimular y desarrollar, con interés equivalente, la investigación en los dominios de la Ciencia, las Humanidades, las Tecnologías, las Artes y las Letras según corresponda; asimismo, fomentar la creación artística en todas sus manifestaciones y orientaciones. La investigación debe tener un fin público como principio fundamental y una profundización y amplitud que dependerá del tipo y carácter de la institución de educación superior (no necesariamente todas las universidades deben ser fuertes en esta actividad, lo que tampoco puede ser necesariamente exigible a los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, cuyo objetivo fundamental es la formación de profesionales y técnicos, más que la de ser creadores del conocimiento).

Extensión. Concebir la extensión como una actividad programática, de diálogo e interacción con el medio social, al cual entrega sus contribuciones, a la vez que se nutre de aquello que el medio social le entrega.

Según la UNESCO, en su Declaración mundial suscrita también por Chile , las Misiones y Funciones de la Educación Superior son: Educar, formar y realizar investigaciones. Respecto de esto se indica la necesidad de preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones y valores fundamentales de la Educación Superior, en particular la misión de contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la sociedad.

En dicho contexto, se trata de formar titulados altamente cualificados y ciudadanos responsables, capaces de atender a las necesidades en todos los aspectos de la actividad humana, ofreciéndoles cualificaciones que estén a la altura de los tiempos modernos, incluyendo la capacitación profesional, donde se combinen los conocimientos teóricos y prácticos de alto nivel, mediante cursos y programas que estén constantemente adaptados a las necesidades presentes y futuras de la sociedad. Constituir un espacio abierto para la formación superior, que propicie el aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones y la posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, así como oportunidades de realización individual y movilidad social, con el fin de formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad y estén abiertos al mundo. Promover el fortalecimiento de las capacidades endógenas y la consolidación, en un marco de justicia, de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz. Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación y como parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad; proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la investigación científica y tecnológica, a la par que la investigación en el campo de las Ciencias Sociales, las Humanidades y las Artes Creativas. Contribuir a interpretar, preservar, fomentar y difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad cultural; contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, velando por inculcar en los jóvenes los principios en que reposa la ciudadanía democrática y proporcionando perspectivas críticas y objetivas, a fin de propiciar el debate sobre las opciones estratégicas y el fortalecimiento de enfoques humanistas. Contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en particular mediante la capacitación del personal docente.

Otro de los aspectos atingentes a la educación superior, es desarrollar una función ética, con autonomía, responsabilidad y prospectiva. Dentro de esto, se señala el preservar y desarrollar sus funciones fundamentales, sometiendo todas sus actividades a las exigencias de la ética y del rigor científico e intelectual; opinar sobre los problemas éticos, culturales y sociales, con total autonomía y plena responsabilidad, por estar provistos de una especie de autoridad intelectual que la sociedad necesita para ayudarla a reflexionar, comprender y actuar; reforzar sus funciones críticas y progresistas, mediante un análisis constante de las nuevas tendencias sociales, económicas, culturales y políticas, desempeñando, de esa manera, funciones de centro de previsión, alerta y prevención; utilizar su capacidad intelectual y prestigio moral para defender y difundir activamente valores universalmente aceptados y, en particular, la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad, tal y como han quedado consagrados en la Constitución de la UNESCO; disfrutar plenamente de su libertad académica y autonomía, concebidas como un conjunto de derechos y obligaciones, siendo, al mismo tiempo, plenamente responsable para con la sociedad y rindiéndole cuentas; aportar su contribución a la definición y tratamiento de los problemas que afectan al bienestar de las comunidades, las naciones y la sociedad mundial.

La autonomía es una característica indispensable para la actividad de las instituciones de Educación Superior, públicas y privadas para que, con el objeto de lograr el cumplimiento de su misión, tengan libertades básicas para llevar a cabo su tarea. En tal sentido, deben otorgarse espacios para la gestión y administración autónoma de éstas, independiente del modelo de financiamiento de las instituciones.

En el quehacer de las instituciones de educación superior, se consagran, además, aspectos relacionados con las formas de gobierno, gestión y participación. Al respecto, la misma referencia anterior (Declaración UNESCO) establece, entre otros aspectos, los siguientes:

➢ Los responsables de la adopción de decisiones en los planos nacional e institucional, deberían situar a los estudiantes y sus necesidades en el centro de sus preocupaciones, y considerarlos participantes esenciales y protagonistas responsables del proceso de renovación de la enseñanza superior. Estos principios deberían abarcar la participación de los estudiantes en las cuestiones relativas a esta enseñanza, en la evaluación, en la renovación de los métodos pedagógicos y de los programas y, en el marco institucional vigente, en la elaboración de políticas y gestión de los establecimientos. En la medida en que los estudiantes tienen derecho a organizarse y tener representantes, se debería garantizar su participación en estas cuestiones.

➢ El objetivo último de la gestión debería ser el cumplimiento óptimo de la misión institucional, asegurando una enseñanza, formación e investigación de gran calidad, y prestando servicios a la comunidad. Este objetivo requiere una dirección que combine la visión social -incluida la comprensión de los problemas mundiales-, con competencias de gestión eficaces. La función de dirección en la enseñanza superior constituye, por tanto, una responsabilidad social de primer orden, y puede reforzarse de manera significativa a través del diálogo con todos los que participan en ella y, en particular, con los profesores y estudiantes. Teniendo presente la necesidad de mantener dentro de límites razonables, las dimensiones de los órganos rectores de los establecimientos de enseñanza superior, en el marco institucional vigente habría que prever la participación de los académicos en dichos órganos.

➢ Los establecimientos de enseñanza superior deberían adoptar prácticas de gestión con una perspectiva de futuro, que responda a las necesidades de sus entornos. Los administradores de la enseñanza superior deben ser receptivos, competentes y capaces de evaluar regularmente -mediante mecanismos internos y externos- la eficacia de los procedimientos y las reglas administrativas.

Explicitadas las funciones, corresponde ahora analizar el tipo (carácter) de instituciones que deben desarrollarlas; en ese contexto éstas pueden ser públicas o privadas. Respecto del carácter de las instituciones de educación superior encargadas de realizar estas funciones, en Chile coexisten las de tipo público y privado, siendo estas últimas las mayoritarias dentro del sistema.

Es importante destacar en este punto, que el Consejo reconoce en el nivel superior, al igual que en el sistema escolar obligatorio, la pertinencia de mantener un sistema mixto, donde agentes públicos y privados cumplan diversas funciones, generales y específicas, en correspondencia con los objetivos aquí explicitados. Asimismo, es una opinión de consenso, reconocer y aceptar que las funciones señaladas anteriormente en algunos casos pueden ser cubiertas en su totalidad por una misma institución, en tanto, otras instituciones pueden desarrollar esencialmente alguna de las funciones y sólo parcialmente otra (u otras). Por ejemplo, en el caso de los Centros de Formación Técnica, su función principal será la docencia, siendo recomendable realizar la función de extensión, en particular en lo referente a la interacción con el sector productivo.

Sin perjuicio de lo anterior, existen algunas características asociadas al carácter público o privado de la institución. Se definen al menos las dos siguientes categorías:

Educación Superior Pública

El tener un rol público, define la índole y alcances de las relaciones con el Estado, gobierno y sociedad civil como sigue.

Relación con el Estado. La relación con el Estado es de compromisos y responsabilidades recíprocas, con respeto al principio de autonomía que las instituciones requieren en su quehacer. El respeto a dicho principio, no exime al Estado de sus responsabilidades de financiamiento, compromiso y atención con estas instituciones, así como a éstas, del deber de responder al Estado con el cabal cumplimiento de su misión y la cuenta de su gestión (accountability).

Relación con el gobierno. Esta relación con el gobierno de la Nación es dialógica. Supone una independencia crítica de ambas partes, que se superpone y trasciende a los determinados períodos de gobierno.

Relación con la sociedad civil. Ésta es de colaboración e intercambio permanente con los diversos sectores que la componen, públicos y privados; de contribución al fortalecimiento del tejido social y de convocatoria a las visiones de la sociedad respecto del futuro nacional.

La colaboración con el sector público y con el privado estará sujeta a normas de calificación ética que sean consecuentes con la misión de cada institución.

Educación Superior Privada

El rol de la educación superior privada es ser un complemento del sistema público, aportando alternativas de acceso a este nivel educativo. Debe desarrollar una acción de calidad, articulada dentro del proyecto país y ofreciendo a los estudiantes, carreras que les permitan insertarse con prontitud en el medio laboral, ya sea en calidad de profesionales dependientes o de manera independiente.

Deben cumplir, igualmente, las funciones y requerimientos señalados para la educación superior pública, por cuanto su existencia se debe también a un servicio-país, cuyo fin último es el desarrollo futuro de la Nación y la consecución de una sociedad de personas libres, dignas en su vivir y felices de su aporte y condición de vida.

Dependiendo de su carácter y misión autodefinida, pueden contar o no con aportes de financiamiento público. Ello lo determinará el Estado, en función del tipo y grado de contribución de estas instituciones al bien común. De cualquier manera, y como corresponde a una sociedad organizada y garante de las condiciones de vida de las personas que la componen, estas instituciones deben estar sujetas a requisitos de calidad y de regulaciones mínimas que aseguren el bienestar general de la población que las requiere.

IX.1.3.- Rol de la Educación Superior y de las instituciones

Rol de la Educación Superior

La educación superior juega un papel fundamental en la sociedad, sobre la base de cumplir las misiones y funciones a las que está llamada, las que fueron descritas anteriormente.
La educación superior, como todo bien social, está asociada en sus fines, a las necesidades de desarrollo y progreso de la sociedad. Es la llamada a desarrollar y ejercer, en su más alta complejidad y calidad, la docencia, extensión, investigación y creación artístico-cultural, además del desarrollo técnico y especializado en las distintas áreas. Debe tener como norte, la promoción e integración social, cultural, étnica y económica. Por lo tanto, debe responder al desafío de aportar al fortalecimiento de un estado democrático y pluralista, donde los modelos de desarrollo adoptados aseguren el progreso social de la Nación.

Las opiniones de expertos, apuntan en su mayoría a concebir que la Educación Superior debe adaptarse eficientemente a los cambios globales, a las exigencias de la sociedad del conocimiento, a una mayor internacionalización e intercambio, promoviendo innovaciones curriculares que se ajusten a lo que la Región Latinoamericana requiere para su desarrollo en el marco de los diversos convenios multilaterales, bilaterales y tratados de colaboración para la integración existentes (Programa Marco de Cooperación Multilateral a favor del Desarrollo Sustentable a nivel Regional para América Latina y El Caribe, la Red del Sistema de Información Cultural de Latinoamérica y el Caribe, etc.).


Rol de las Instituciones de Educación Superior

Universidades

Sin duda, la institución de mayor relevancia en la educación superior es la Universidad. En los diccionarios se lee a la universidad como una institución de educación superior que comprende diversas facultades y confiere grados académicos y que, según épocas y países, puede incluir a colegios, institutos, departamentos, centros de investigación o escuelas profesionales. Las universidades en Chile, se encuentran facultadas para otorgar toda clase de títulos y grados académicos. Estos últimos, definidos por la ley son los de licenciado, magíster y doctor. El primero apunta a entregar al egresado una formación en los aspectos esenciales de un área del conocimiento o disciplina que se trate. El grado de magíster requiere que el estudiante esté en posesión de un grado de licenciado o un título profesional equivalente, y se otorga al alumno que ha aprobado un programa de estudios de profundización en una o más disciplinas. El grado de doctor requiere la obtención previa del grado de licenciado, y acredita que quien lo posee es capaz de efectuar investigaciones originales. El programa de doctorado requiere la elaboración y defensa de una tesis que contribuya a la disciplina estudiada.

La Universidad, desde sus inicios, estuvo estrechamente ligada al desarrollo de la sociedad, al avance científico, tecnológico, de las artes y letras, al desarrollo cultural y humanista. Ha sido un instrumento social al servicio del hombre y la mujer, y de los pueblos. La universidad se constituyó en un bastión de sabiduría, cuna del conocimiento y formadora de generaciones de líderes.

La Universidad es la institución llamada a pensar la sociedad que la alberga, en busca de mayores grados de libertad e igualdad, como principios básicos que forman parte esencial del desarrollo de la comunidad nacional. Tiene como misión la generación, cultivo, transmisión e integración de las Ciencias, las Humanidades, las Artes y las Técnicas y las demás manifestaciones de la Cultura, orientando su acción hacia los problemas y necesidades nacionales, contribuyendo a la formación de una ciudadanía crítica, con conciencia social y responsabilidad ética, en la búsqueda de un desarrollo integral, justo y sustentable en el plano individual, social y nacional. Siendo un aporte relevante para el desarrollo del proyecto país.

Esta misión debe ser ejercida con vocación de excelencia, con sentido de compromiso, de modo reflexivo y crítico, a través de sus funciones fundamentales de docencia, investigación, desarrollo, creación y extensión, así como también a través de otras funciones que pudieren ser definidas por la sociedad en el marco del país que queremos.

La Universidad debe fomentar la lógica del ser. Según Buxarrais (2000) (completar cita a pie de página) la educación en valores sería esencial para una educación en responsabilidad social y, al respecto, propone tres valores: autonomía de las personas, necesidad de ser personas dialogantes y tolerancia activa. Una Universidad socialmente responsable, debe fomentar la dignidad humana, libertad y ciudadanía, participación, bien común, interdisciplinariedad e interdependencia, entendiendo que el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio o instrumento .

Los principios, valores, ideales, que dan fundamento y que confieren sentido y orientación a la Universidad son:

· Libertad creadora, reflexiva, inquisitiva y crítica, como condición esencial para la producción del conocimiento y la obra de arte, en función de un Proyecto de Desarrollo Nacional.

· Valoración del conocimiento y del arte como un bien cuyo cultivo no requiere ser justificado.

· Respeto y protección del principio de participación real y efectiva, garantizando su implementación en la vida institucional, con resguardo de los principios democráticos.

· Afirmación de la diversidad en la libre expresión y el debate amplio de ideas y creencias.

· Orientación de su quehacer hacia una realización plena del ser humano, a través del desarrollo de un sentido ético amplio.

· Concepción de la integración cultural, disciplinaria y generacional, que tienda a la convergencia de habilidades y experiencias en la comprensión, análisis y solución de problemas transdisciplinarios.

· Compromiso fundamental de los integrantes de la comunidad con su quehacer académico, institucional y del desarrollo del país.

Las sociedades en general, y Chile en particular, enfrentadas a un mundo aceleradamente cambiante por su alto desarrollo en tecnologías de la información y de las comunicaciones, globalizado, y avanzando a pasos agigantados en lo que se conoce como la “sociedad del conocimiento”, donde éste es la fuente principal de producción de riqueza, tienen el gran desafío de no transformarse en sociedades “robotizadas”. Allí es donde permanece vigente la presencia de la Universidad que desempeña el rol histórico de éstas. Ciertamente, dado que las circunstancias o condiciones en que las universidades deben desempeñar su rol, cambian por la natural evolución de la sociedad, éstas deben ajustarse a los nuevos requerimientos y más aún, anticiparse a ellos.

Los países más desarrollados han mantenido y fortalecido al conjunto de universidades que mantienen su función y misión históricas, las cuales, a su vez, se han adecuado al ritmo de los tiempos, siendo verdaderos aportes en materia de generación del conocimiento al servicio del país.

Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica

Los Institutos Profesionales existentes en Chile, pueden otorgar cualquier título que no requiera grado académico de licenciatura. Los títulos profesionales apuntan a entregar una formación general y científica para un adecuado desempeño profesional. Existe un conjunto de títulos profesionales definidos en la ley, que requieren haber obtenido previamente el grado académico de licenciado, por lo que sólo pueden ser otorgados por una Universidad.

Los Centros de Formación Técnica se encuentran habilitados para entregar títulos técnicos de nivel superior. Dichos títulos son otorgados tras cursar un programa de estudios de 1.600 clases, que le confiere a sus egresados la capacidad y conocimientos para desempeñarse como apoyo al nivel profesional.

De esta forma, tanto Institutos Profesionales, como Centros de Formación Técnica tienen, al igual que las Universidades, una responsabilidad social que exige un alto grado de compromiso, cumplimiento de objetivos con la mayor calidad, pertinencia en las carreras que ofrecen en bien del desarrollo nacional y de las expectativas de los jóvenes que acuden a ellas, y un alto grado de flexibilidad que permita contar con un sistema coherente para otorgar movilidad social, en complemento con el sector universitario. Las funciones fundamentales descritas anteriormente para la educación superior, deben estar enteramente presentes en la misión de estas instituciones en el nivel que les compete.


IX.2. Diagnóstico de la Educación Superior en Chile

El Consejo estima que se han producido importantes avances durante los últimos años en el ámbito de la cobertura del sistema de Educación Superior. Sin embargo, se ha tratado de un crecimiento inorgánico, en tanto el Estado no cuenta con herramientas adecuadas de planificación, regulación y control, a lo que se suma una participación excesivamente baja del financiamiento público en el sistema. Consecuentemente, se estima que la Educación Superior chilena no satisface necesariamente los requerimientos del país, al presentar falencias en estándares mínimos de calidad, así como respecto a su pertinencia y equidad.

Efectivamente, no existen políticas de país efectivas que orienten su desarrollo futuro, ni definan adecuadamente sistemas de gobierno y participación dentro de las instituciones, ni delimiten adecuadamente su autonomía. A pesar de lo que se pudiera creer, tampoco existe un adecuado vínculo con el sistema productivo, ni compromiso con el desarrollo científico y tecnológico, factores claves en la experiencia internacional de desarrollo de diversos países.

Respecto a la pertinencia, ésta debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera del sistema y lo que éste hace. Ciertamente, en Chile no existe una evaluación, ni tampoco ha habido una mayor preocupación por hacerla, en vistas a determinar en qué medida las Instituciones de Educación Superior responden a lo que el país requiere. La percepción general es que esto no ocurre al estar el sistema bajo el control de un mercado escasamente regulado y, particularmente, porque no hay una exigencia al sistema en el sentido de reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, como son, por ejemplo, las actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, la corrupción, la drogadicción, las enfermedades y el deterioro del medio ambiente.

Es importante tener presente, previamente, que la situación que se presenta en Chile, si bien tiene particularidades específicas que las diferencian de otros sistemas a nivel internacional, tiene también elementos comunes a los experimentados en el mundo en la última década. En tal sentido, cabe destacar lo señalado, en términos de diagnóstico, en la Declaración Mundial de Educación Superior, de la UNESCO, ya referida anteriormente. Ésta señala: “En los albores del nuevo siglo, se observa una demanda de educación superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales. La educación superior se enfrenta en todas partes a desafíos y dificultades relativos a la financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en el transcurso de los mismos, una mejor capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de los planes de estudios, las posibilidades de empleo de los titulados, el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios que reporta la cooperación internacional. La educación superior debe hacer frente, a la vez, a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. Deberá garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza”.

Antecedentes históricos

En Chile, los cambios recientes más profundos experimentados por la Educación Superior, tienen su origen en el gobierno militar, el cual diseñó políticas e implementó medidas con un vasto alcance respecto a las instituciones, estructuras, programas de desarrollo y personas vinculadas a todas ellas.

Con la nueva Constitución de 1980, y a su amparo, fueron aprobados nuevos instrumentos legales que dieron curso a una profunda reforma del sistema de educación superior. Se diseñó un sistema completamente distinto al existente antes de ese año, con cambios estructurales y conceptuales radicales. Los cambios apuntaron a dos aspectos fundamentales.

Primero, a la reestructuración del sistema de educación superior, comprendiendo la intervención, división y regionalización de las universidades estatales existentes, la reestructuración y adecuación de las universidades privadas antiguas y la sustancial baja de los requisitos para la entrada de nuevas instituciones al sistema. De esta manera, se permitía facilitar una mayor cobertura del mismo, así como generar un grado de competitividad entre las instituciones. En segundo lugar, se privilegió un nuevo escenario, donde los agentes privados jugarían un rol fundamental, tanto en relación a la propiedad de las nuevas instituciones, como a las fuentes de financiamiento.

La Reforma a la Educación Superior de los años ochenta, transformó profundamente a las universidades de la época, abriendo las puertas a la creación de decenas de nuevas universidades de carácter privado. Los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica, se crearon como entidades a las cuales se les entrega libertad para organizarse como Sociedades Comerciales o Corporaciones. La Educación Superior, en su conjunto, se convirtió mayoritariamente en un centro generador de productos; y la universidad más tradicional, por su necesidad de autofinanciarse y competir en el gran mercado de la educación superior –a esa altura altamente masificada-, perdió enormemente, y en términos fundamentales, su gran dedicación a lo que fuera su función y misión histórica. Disminuyó bruscamente el aporte del Estado a la educación superior, para hacer del autofinanciamiento por venta de servicios el eje del nuevo sistema.

Marco Regulatorio

El marco legal referido a la Educación Superior y sus definiciones, están contenidos en una veintena de leyes, 16 de las cuales fueron dictadas durante el gobierno militar, entre los años 1980 y marzo de 1990, y ocho a partir de 1990 hasta la fecha. Las primeras indican la transformación del sistema en todos sus ámbitos. Las últimas ocho leyes, se refieren mayoritariamente a modificaciones de las primeras. La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) es una de las leyes que, dictada en marzo de 1990, consagra el modelo para el sistema de Educación Superior, basado en los conceptos anteriormente señalados.

La LOCE, como texto refundido, contiene un total de 90 artículos, que a partir del artículo 33 en adelante, establecen normativas para la Educación Superior, referidas a las distintas instituciones que conforman el sistema. Crea y estructura, en 12 artículos, el Consejo Superior de Educación, su objetivo, atribuciones y financiamiento. Establece las formas para el reconocimiento oficial de las instituciones, y los títulos y grados que éstas pueden conferir y aborda los aspectos referidos a la autonomía de las instituciones.

En dicha ley se identifican los cuatro tipos distintos de instituciones que componen la Educación Superior: Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica e Institutos de Formación Superior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad

Estas instituciones se diferencian por los grados y títulos que pueden otorgar:

Universidades y FFAA Institutos Profesionales2 Centros de Formación Técnica
Grados AcadémicosTítulos ProfesionalesTítulos Técnicos Títulos ProfesionalesTítulos Técnicos Títulos Técnicos

Hasta 1980, existían ocho universidades, con algo más de 20 sedes universitarias a lo largo del país, dos institutos de las FFAA y una veintena de academias o institutos técnicos. Actualmente, y producto de la Reforma, funcionan 207 instituciones con reconocimiento oficial del Estado, de las cuales, 60 corresponden a Universidades (25 de ellas agrupadas en el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), de ellas, 16 son estatales y 9 son privadas tradicionales o derivadas de éstas). DE todas las universidades tradicionales creadas antes de 1981, 38 corresponden a Institutos Profesionales, 94 a Centros de Formación Técnica y 15 a Institutos de Formación Superior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

Como un primer elemento, el Consejo estima que no existe, dentro del marco regulatorio actual, una adecuada definición del rol de la Educación Superior en su conjunto, así como tampoco del rol que deben jugar los distintos tipos de instituciones que la componen. Este marco resulta excesivamente permisivo, generando muchas debilidades del sistema, como las descritas en párrafos anteriores.

Crecimiento de la matrícula en Educación Superior

Un aspecto relevante del desarrollo del sistema de Educación Superior chileno es el crecimiento de la matrícula de estudiantes ocurrida en los últimos 15 años. Este crecimiento aumentó la cobertura de la matrícula de pregrado desde un 14,2%, en 1990, a un 35,1%, en el año 2005. Con todo, estas cifras se encuentran aún muy lejos de los índices de cobertura que tienen los países desarrollados, con números que prácticamente duplican la situación actual de Chile.

Es posible constatar que la expansión de la matrícula ha sido mayor en las instituciones privadas (Universidades no integrantes del Consejo de Rectores, sumadas a las de los Institutos Profesionales y las de los Centros de Formación Técnica), cuyo aumento, entre 1999 y 2005, fue del 76,9%, en comparación con el 31,3% de aumento de la matrícula en las universidades del Consejo de Rectores.

En cuanto a la participación en la matrícula, en el caso de las Universidades, donde la matrícula total alcanzó a 406.000 estudiantes en el año 2004, el 60 % corresponde a las 25 universidades del Consejo de Rectores y, dentro de éstas, el 63% (153.550 estudiantes) registraron matrícula en las 16 universidades estatales.

En los Institutos Profesionales, registraron matrícula 104.844 estudiantes ese mismo año (18.3% ¿sobre qué?) y en los Centros de Formación Técnica se matricularon 62.354 estudiantes (10.9%).

Sin duda alguna, el crecimiento de la matrícula en la enseñanza superior es una buena noticia para el país, pues contribuye a contar con una población con mejores niveles de formación y posibilita el desarrollo futuro de la Nación. Sin embargo, como ya se indicó, se trata de un factor que hay que ponderar en su contexto según criterios de calidad, equidad y pertinencia.

Equidad en la Educación Superior

En primer lugar, la cobertura de la matrícula de Educación Superior se diferencia notablemente según el nivel de ingreso familiar de los estudiantes, no alcanzando a un 15% en el quintil de más bajos ingresos, y siendo de casi un 74% en el de más altos ingresos.

A pesar de la importancia que revisten la formación técnica y la profesional, en la práctica, existe una clara estratificación socioeconómica entre los diferentes tipos de instituciones de Educación Superior. Los estudiantes pertenecientes a los dos quintiles de más bajos ingresos, representan el 39% de la matrícula de pregrado de los Centros de Formación Técnica, mientras que en los Institutos Profesionales esta participación es del 19%, y en las Universidades de un 17%.

Si bien se pueden acusar deficiencias en el sistema de educación obligatorio, que influyen en esta realidad, también existen características propias del nivel superior que no permiten mitigar el problema. Las políticas de ayuda integral a los estudiantes resultan muy insuficientes, fundamentalmente para aquellos de instituciones de calidad ajenas al Consejo de Rectores.

Dentro de los distintos niveles de la Educación Superior, también se producen estratificaciones, particularmente en el caso de las Universidades, donde los estudiantes provenientes de las familias de mayores ingresos, privilegian su acceso a determinadas universidades, que son de alto costo en aranceles; en tanto los estudiantes pertenecientes a los primeros quintiles, o no tienen mayores posibilidades de acceso por no contar con fuentes de financiamiento y mantención, o no logran alcanzar puntajes exigidos por las universidades del Consejo de Rectores, que cuentan con mayores sistemas de créditos y becas.

Calidad

· Calidad de los programas de formación en la educación superior. La expansión de la matrícula de pregrado también ha aumentado, tanto en el número de programas como en el número de sedes donde se imparte la formación. Entre los años 2003 y 2006, el número de programas de pregrado ofrecidos, aumentó en un 86% (de 2.287 a 4.962), debido esencialmente al crecimiento en el sector privado ajeno al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. En las universidades de éste, el aumento fue sólo de un 17% (de 1.004 a 1.175). En relación con el número de sedes, entre los años 2002 y 2005, éstas aumentaron en un 14% (de 447 a 496), en las instituciones privadas ajenas al CRUCH (Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica), mientras que en las universidades del Consejo de Rectores, se incrementaron en un 45% (de 42 a 61).

La apertura de nuevos programas y sedes, ha sido uno de los aspectos controversiales en la discusión sobre el ejercicio de la autonomía de las instituciones privadas surgidas tras la reforma al sistema de Educación Superior en 1980. Esto se debe a que, una vez llevado a cabo dicho proceso de autonomía, no existe límite ni regulación alguna para normar la apertura de nuevos programas y sedes.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) , en las Universidades privadas, casi la mitad de la matrícula se concentra en programas de las áreas de Administración y Comercio, Derecho y Ciencias Sociales, específicamente en programas de bajo costo y alto prestigio (mayor demanda). En cambio, en las Universidades del Consejo de Rectores, los programas de más alto costo, así como los de las áreas de Ciencias, Tecnología y Salud, representan, aproximadamente, un 45% de la matrícula.
· Calidad Integral. Se señala que los aspectos referidos a calidad son más amplios que aquellos referidos únicamente a los programas, debiéndose considerar la calidad de manera integral. Según la Declaración Mundial de UNESCO, la calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional, que debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario.

A juicio de algunos, es hora en Chile de enfrentar reformas serias para problemas serios. La Educación Superior no puede seguir orientada exclusivamente a la formación de profesionales sólo para las exigencias del mercado; porque, aun cuando los Gobiernos ponen de manifiesto la importancia de mejorar la calidad y equidad de la educación, el deterioro se mantiene, al conservar intacto un sistema económico altamente excluyente y fuente de profundas desigualdades sociales. Este deterioro se refleja en la disminución del gasto público, la precariedad de las condiciones de trabajo de los profesionales de la educación y en el estancamiento o poco avance del acceso a la Educación Superior" . Esto contraviene el derecho a la educación garantizado en la Constitución Política de la República. Por tanto, respecto a la educación en general y a la Educación Superior, éstas deben ser garantizadas por el Estado, concordando políticas referidas a un modelo de desarrollo comprometido con la justicia social, la ciudadanía y la sostenibilidad planetaria .

Mientras no se construya una educación, se señala, que deje de ser excluyente y reproductora de las diferencias socioeconómicas y valóricas, no habrá respuesta satisfactoria a las reformas educacionales centradas en Acreditación Institucional y de Carreras como factor de calidad. Por lo menos, no será así, si se siguen abriendo carreras sin una fiscalización seria. Si las carreras se alejan de la meta de formar estudiantes críticos y con capacidad de autodeterminación, y si las instituciones concentran “su oferta de servicios docentes en torno a un núcleo de carreras de alta demanda y bajos costos de producción...” operando como verdaderas “fábricas de títulos y actuando sólo con fines de lucro" .

Para enfrentar el desafío de una verdadera calidad y equidad, la Educación Superior debe ser capaz de producir conocimientos científicos y tecnológicos que puedan resolver los problemas de una mayoría excluida . Debe también propiciar reformas, de modo de terminar con el círculo vicioso que los que pueden optar realmente a una Educación de calidad, sean sólo aquellas personas que provienen de los sectores más acomodados.

La XV Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) definió la Educación Superior como un bien público y “rechaza comprenderla como servicio de carácter comercial con fines de lucro y sometida a las leyes del mercado..." ratificando la responsabilidad que le cabe al Estado de asegurar el financiamiento adecuado, que haga posible el sustento y desarrollo de una Educación Superior de calidad y excelencia, dentro de un marco de justicia y solidaridad, compromiso que debe tener principalmente con los pueblos indígenas y los sectores más desfavorecidos.

Para llegar a una Educación Superior de verdadera calidad y equidad, debe haber inversiones financieras a largo plazo, participación social y reconocimiento de la diversidad y desigualdades culturales, sociales y políticas, presentes en nuestras realidades; una Educación Superior que reconozca a las personas como sujetos de derechos, de inclusión social, y que contribuya al respeto de la diversidad y sostenibilidad planetaria , ya que sólo la Educación permite cultivar esa soberanía personal que es garantía de una auténtica participación ciudadana .

Existe una apatía en el medio universitario, donde la mayoría de los jóvenes valora el concepto de democracia sólo en el aspecto de desarrollo económico. Existe desesperanza y se cree que los universitarios no pueden contribuir a hacer de nuestro medio un espacio más equitativo y tolerante, una sociedad con mayor grado de responsabilidad social. Se llega a la Educación Superior sólo a buscar un título que permita ganarse el sustento, sin ningún otro proyecto de vida.

En opinión de los consejeros estudiantes, salvo contadas excepciones, las Universidades, IP, CFT y sus autoridades, siguen privilegiando una educación con pocas posibilidades de generar un verdadero desarrollo humano. No fomentan el espíritu crítico en los jóvenes, de manera que algunos docentes, a pesar de transmitir la importancia de la reflexión y análisis de lo que se aprende, al momento de evaluar, siguen valorando más la memoria, que la capacidad de comprensión. La Universidad y el universitario deben llegar a adquirir la mística de que en el campo propio de su profesión, no es sólo un técnico, sino el obrero intelectual de un mundo mejor .

La visión que los consejeros estudiantiles tienen respecto del medio universitario en cuanto a la formación integral, es que sólo algunos académicos se preocupan de fomentar en ellos la importancia que tiene el servicio como constructores de una mejor sociedad. Creen también que a las Universidades les falta constituir talleres de integración de conocimientos propios de cada disciplina, como parte de la malla curricular. Piden una mayor comunicación con el futuro mundo laboral y que las profesiones se orienten al fortalecimiento de lo que la sociedad espera de ellos, una realidad concordante respecto de lo que aprenden y la forma en la que posteriormente transmitirán lo aprendido. También insisten en la importancia que tiene la automotivación de cada individuo por hacer de su Universidad y de la carrera que estudia, un mundo más equitativo, de constante aprendizaje. Consideran que, para lograrlo, se debe romper con la indiferencia e individualismo que caracteriza a los jóvenes de hoy, reflejados en la poca participación estudiantil y en una actitud proclive a que sean otros los que tomen decisiones que les competen a ellos.

Finalmente, debe mencionarse la situación que enfrentan los estudiantes respecto de lo que es el proceso de selección universitaria, aspecto que merece también una dedicación en cuanto a su evaluación, vigencia, pertinencia y variaciones que éste pueda experimentar, teniendo presente lo indicado en la definición sobre Educación Superior entregada al inicio de este capítulo. Ello será abordado en el apartado de Propuestas.

Financiamiento del Sistema de Educación Superior

Acudiendo a la Declaración Mundial sobre la Educación Superior, para la financiación de ella como servicio público, se considera que requiere recursos públicos y privados. El Estado conserva una función esencial en esa financiación.

· La diversificación de las fuentes de financiación refleja el apoyo que la sociedad presta a esta última y se debería seguir reforzando, a fin de garantizar el desarrollo de este tipo de enseñanza, de aumentar su eficacia y de mantener su calidad y pertinencia. El apoyo público a la Educación Superior y a la investigación, sigue siendo fundamental para asegurar que las misiones educativas y sociales se lleven a cabo de manera equilibrada.

· La sociedad en su conjunto, debería apoyar la educación de todos los niveles, incluida la enseñanza superior, dado el papel que ésta desempeña en el fomento de un desarrollo económico, social y cultural sostenible. La movilización con este fin, depende de la sensibilización y la participación del público, de los sectores público y privado de la economía, de los Parlamentos, de los medios de comunicación, de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, de los estudiantes y de los establecimientos, de las familias y de todos los agentes sociales que intervienen en la enseñanza superior.

Para analizar la forma de financiamiento existente en Chile, es necesario distinguir, al menos, tres aspectos del sistema: los aportes que realiza el Estado para el financiamiento de las instituciones, las ayudas que otorga a los estudiantes para el financiamiento de sus estudios y la rendición de cuenta del uso de los recursos públicos.

En relación al financiamiento público de las instituciones de Educación Superior, es posible identificar, a su vez, tres rasgos distintivos. En primer lugar, se concentra fundamentalmente en las 25 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores; en segundo lugar, no existe ninguna distinción entre las universidades estatales y las privadas que forman parte de dicho Consejo y, en tercer lugar, el financiamiento público decreció bruscamente durante el gobierno militar, para crecer a partir del año 1990, en un nivel muy inferior a la expansión de la matrícula de Educación Superior. Así, se tiene hoy que la participación del financiamiento público en la Educación Superior es extremadamente baja, en comparación con la experiencia internacional. El gasto en instituciones de Educación Superior al año 2005, corresponde al 2,2% del PIB, de los cuales, 0,4% son de fuente pública y 1,8% privada .

Además, la participación del nivel terciario en el presupuesto público destinado a educación, alcanza sólo el 14%, en circunstancias que en los países de la OCDE dicha cifra llega al 24%.

En relación con este último aspecto, en los últimos siete años, los recursos fiscales para este sector se han incrementado, en términos reales, en un magro 12,5%. Considerando los aportes a la Educación Superior realizados a través del MINEDUC, el gasto público por estudiante ha disminuido, en términos reales, en un 28% entre los años 1999 y 2005.

De esta manera, se puede concluir que la expansión de la matrícula en Educación Superior se ha sostenido, principalmente, por medio del financiamiento privado (pago de aranceles). De acuerdo a estimaciones sobre antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el costo de la matrícula y arancel universitario en el año 2005, alcanzaría un valor anual promedio de $2.352.960. Para los Institutos Profesionales, ese costo sería del 62% de ese valor, y en los Centros de Formación Técnica correspondería al 36%.

Descontando las ayudas estudiantiles públicas, esto significa que en el año 2005, el gasto por estudiante en Educación Superior fue realizado en un 81% mediante financiamiento privado (pago de aranceles), y sólo el 19% mediante financiamiento público. En los países de la OCDE, dicha proporción es exactamente inversa. Si se considera que en noviembre del año 2003, según la Encuesta CASEN, el ingreso monetario per cápita de las familias pertenecientes a los tres primeros quintiles era inferior a los 107 mil pesos , el ingreso a las Universidades y a los Institutos Profesionales de estudiantes provenientes de esas familias, sólo puede mejorarse mediante acceso a los sistemas de ayuda en el financiamiento. Sin embargo, de acuerdo a la misma encuesta, el 60% de los estudiantes provenientes del quintil de más bajos ingresos matriculados en la Educación Superior, realizaba sus estudios en instituciones privadas sin aporte fiscal directo y, por tanto, excluidos de cualquier sistema de financiamiento subsidiado por el Estado.

Todo indica que se mantendrá la tendencia de mayor demanda por la Educación Superior durante los próximos años, estimándose que la población estudiantil aumentará desde los 650 mil estudiantes que hoy están en el sistema, a más de un millón de estudiantes en el año 2012. Considerando, además, que la cobertura en los quintiles de más altos ingresos ha alcanzado umbrales internacionales de estabilización, es posible afirmar que aquellos nuevos estudiantes debieran provenir, en su mayoría, de hogares integrantes de los tres primeros quintiles.

A juicio del Consejo, surge en este escenario uno de los más grandes desafíos de la Educación Superior para los años venideros: garantizar adecuadamente este nivel educacional para todos aquellos nuevos estudiantes que desarrollen sus estudios durante los próximos años, sin tener la capacidad para financiarlos de forma autónoma.

Por otro lado, en lo que respecta a rendición de cuentas, más allá del control administrativo al que están sujetas las Universidades del Estado, existe una completa ausencia de mecanismos que establezcan la adecuada rendición de cuentas sobre el empleo de los recursos públicos entregados a las instituciones de Educación Superior. Si bien se valora el avance que puede significar al respecto la recientemente aprobada Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, aún resulta incierto su nivel de impacto y articulación con otras medidas y herramientas.

Integración del Sistema de Educación Superior

Otro aspecto característico del sistema de Educación Superior, son los escasos mecanismos de integración entre sus componentes, tanto en términos del acceso de los estudiantes a las instituciones, como en las oportunidades de movilidad entre programas e instituciones.

A pesar de que el sistema está estructurado con instituciones diversas que permitirían, en su diseño original, múltiples opciones de entrada y salida para los estudiantes, que podrían progresar desde la formación técnica hacia la formación profesional, o desde la formación de pregrado hacia la de postgrado, la situación real es otra. La ausencia de un sistema uniforme de créditos limita el reconocimiento de estudios entre programas y entre instituciones, obstaculizando la movilidad estudiantil y dificultando el escalonamiento de estudios para quienes los inician desde los Centros de Formación Técnica.

Esta situación es compleja, por cuanto más de un tercio de la matrícula de los Centros de Formación Técnica corresponde a estudiantes de las familias de más bajos ingresos, lo que implicaría que la educación superior no operaría plenamente como mecanismo de inclusión social y tendería a reforzar los rasgos de exclusión que operan en la sociedad chilena.

Fomento de la Investigación y Desarrollo en la Educación Superior

Un último rasgo característico del sistema de Educación Superior, es el escaso dinamismo de los mecanismos de fomento de la investigación y desarrollo en sus instituciones. Una vez más debe tenerse presente La Declaración Mundial de la UNESCO, que en este caso señala:

· El progreso del conocimiento mediante la investigación es una función esencial de todos los sistemas de Educación Superior que tienen el deber de promover los estudios de postgrado. Deberían fomentarse y reforzarse la innovación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en los programas, fundando las orientaciones a largo plazo en los objetivos y necesidades sociales y culturales. Se debería establecer un equilibrio adecuado entre la investigación fundamental y la orientada hacia objetivos específicos.

· Las instituciones deberán velar porque todos los miembros de la comunidad académica que realizan investigaciones, reciban formación, recursos y apoyo suficientes. Los derechos intelectuales y culturales derivados de las conclusiones de la investigación, deberían utilizarse en provecho de la humanidad y protegerse para evitar su uso indebido.

· Se debería incrementar la investigación en todas las disciplinas, comprendidas las Ciencias Sociales y Humanas, las Ciencias de la Educación (incluida la investigación sobre la Educación Superior), la Ingeniería, las Ciencias Naturales, las Matemáticas, la Informática y las Artes, en el marco de políticas nacionales, regionales e internacionales de investigación y desarrollo. Reviste especial importancia el fomento de las capacidades de investigación en los establecimientos de enseñanza superior con funciones de investigación, puesto que cuando la Educación Superior y la investigación se llevan a cabo en un alto nivel dentro de la misma institución, se logra una potenciación mutua de la calidad. Estas instituciones deberían obtener el apoyo material y financiero necesario de fuentes públicas y privadas.

Si observamos lo que ocurre en el país en esta materia, se puede considerar lo siguiente:

Ciencia y Tecnología

De acuerdo a antecedentes proporcionados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT), entre 1993 y 2002, si bien el número de investigadores aumentó en un 41%, en las universidades ese número se incrementó en un 61%. Es así como estas instituciones, en el año 2002, concentraron el 76% de los investigadores. Sin embargo, el gasto por investigador en las universidades es notoriamente inferior al de otras instituciones. En el período 1993-2002, el gasto por investigador en las universidades representó sólo el 35% del gasto por investigador realizado por otras instituciones.

Especial atención debe tener este resultado, si se considera que el mundo se encuentra en una etapa histórica, donde la prosperidad de las naciones está fuertemente vinculada a la calidad de sus sistemas educativos y, particularmente, del aporte que hace la Educación Superior en general, tanto en la formación de personas, como en la generación y transferencia de conocimientos. En este escenario, los sistemas de Educación Superior, en general, y las Universidades –particularmente aquellas que poseen importantes núcleos de investigadores-, se han transformado en actores claves para el desarrollo nacional.

El fortalecimiento de los sistemas universitarios, que en Chile son los más importantes en el área de la investigación científica y tecnológica, y la formación de una alianza entre Universidad y el Estado –en el desarrollo país-, como con la empresa privada, constituyen la base de la estrategia nacional de desarrollo, usada tanto en los países líderes, como en aquellos llamados “emergentes”. Este hecho se evidencia en una inversión en el campo de la Educación Superior y en investigación y desarrollo que varía entre el 1,5% y el 3,5% del PIB, respectivamente, cifras que superan largamente aquellas que registra nuestro país para ambos rubros. En Chile, cerca del 95% de toda la actividad científica se realiza en las universidades, concentrando cinco de ellas, las más antiguas y con más recursos académicos, cerca del 70% del total. Queda de manifiesto la falta de desarrollo en esta área, tanto del resto de las universidades chilenas, como de los Institutos profesionales y los Centros de Formación Técnica.

A pesar de las limitaciones económicas resultantes de la baja inversión nacional en Ciencia y Tecnología, algunas universidades chilenas han otorgado a nuestro país una situación de liderazgo regional en algunos indicadores claves, como son la producción de artículos científicos por 100.000 habitantes y el número de citas generadas por cada artículo. Este último, que es un indicador del grado de interés suscitado en la comunidad científica internacional por cada publicación, alcanza en algunos grupos, niveles comparables a los de universidades que gozan de prestigio mundial.

Sobre esta base de calidad científica, las universidades chilenas pueden ofrecer programas de doctorado con un alto nivel de exigencia, lo que permite que el país disponga de “capital humano” altamente calificado para impulsar procesos de transferencia tecnológica e innovación productiva. Sin embargo, a pesar de la considerable expansión que han experimentado estos programas de formación durante el último quinquenio, gracias a las inversiones realizadas en el contexto del programa Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior (MECESUP), aún continúan siendo insuficientes para las necesidades del futuro inmediato.

Investigación en educación

En materia de investigación en el campo educativo, la situación es aún más delicada, pues si bien la inversión pública en educación ha aumentado más de tres veces durante los últimos 12 años, la inversión en investigación educacional sigue una tendencia contraria, lo que ha afectado el campo de la investigación, la formación de investigadores y las bases de conocimiento que sustentan las decisiones y prácticas de los cambios en curso.

La mayor parte del financiamiento público de la investigación educativa, se realiza a través de los concursos regulares de FONDECYT, FONDEF y de los estudios que promueve y licita el propio Ministerio de Educación . Las Universidades y Fundaciones privadas también realizan un aporte particular a la investigación básica y aplicada en educación, a través de fondos internos y programas especiales de investigación.

Pese al esfuerzo, la inversión que se realiza desde estas fuentes es baja. Si se analizan los datos de los proyectos en el área de educación aprobados por FONDECYT y FONDEF, se constata que éstos son pocos en cantidad y bajos en cobertura y montos asignados. Así entonces, la inversión en investigación resulta desproporcionada si se compara con el aumento de la inversión pública y privada en el sector, la importancia sociopolítica y la complejidad de los problemas educativos en cuestión.

Por otra parte, el campo de la investigación en educación exhibe rasgos de precariedad en la calidad e impacto de su producción, lo que tiene consecuencias serias sobre el desarrollo del sistema. Pese a ello, en el país no se ha desarrollado una política específica de investigación educativa orientada a resolver los problemas planteados.

Existe una brecha importante entre el mundo de la investigación y el de la escuela y la práctica de los profesores. Hay pocos puntos de conexión y, por lo general, el conocimiento académico circula en un circuito que no tiene resonancia en el conocimiento práctico y las experiencias de los docentes. Es necesario transformar este modelo, y ello implica un cambio en la relación que tiene el investigador con el conocimiento pedagógico. Si bien, los profesores no necesitan ser investigadores, sí deben tener una formación que les permita comprender y usar las investigaciones para interpretar y mejorar sus prácticas.

En síntesis, el campo de la investigación educativa es reducido tanto en los montos implicados, como en el número de proyectos en ejecución. Los mismos, muchas veces, exhiben problemas de calidad, comunicación y relevancia. Existe más información que interpretación y análisis sobre el sistema educativo y, en áreas específicas, no existen buenos diagnósticos y una base de conocimiento que permita generar respuestas adecuadas a la diversidad y complejidad de los problemas educativos identificados.

Humanidades y Ciencias Sociales

El desarrollo de la investigación en este campo en el país es considerablemente baja, y ello se debe fundamentalmente a que los instrumentos existentes para el fomento a la investigación están orientados mayoritariamente a la investigación científica, con resultados medidos a través de artículos indexados donde las publicaciones del campo de la humanidades y algunas ramas de las ciencias sociales son minoritarias.

IX.3. Propuestas

Frente a la situación de indefinición conceptual a nivel país, hasta ahora no abordada con propiedad, que presenta la Educación Superior en Chile, el Consejo presenta propuestas de mejoramiento en las siguientes áreas: Marco Regulatorio e Institucional, comprendiendo dentro de ésta, además de lo propio referido a esta temática, los aspectos relativos a roles, pertinencia, integración o articulación y regulación del sistema, participación, autonomía y gobierno institucional; Calidad y Equidad, que incluye los procesos de selección y Financiamiento e Investigación y Desarrollo.

Se considera que Chile debe contar con una Educación Superior que sea un espacio de reflexión y de búsqueda, y de permanente construcción de paradigmas, y que, al mismo tiempo, ofrezca al país un sistema de titulaciones altamente cualificadas y adecuadamente articuladas. Que sea para la Nación un espacio de convergencia de la comunidad nacional en la construcción de un sistema que tenga como horizonte la felicidad del ser humano. La Educación Superior chilena debe repensarse y reformarse de modo de ser capaz de ofrecer un tipo de conocimiento (docencia, investigación, extensión y creación) que sea necesario para el país (pertinencia) y que dé cabida a todas las capacidades, independiente de su condición económica, social, étnica, religiosa o ideológica.

IX.3.1. Marco Regulatorio e institucional de la Educación Superior

Recomendaciones sobre marco jurídico

· El Consejo estima que debe elaborarse una nueva estructura jurídica marco, ya que, como se refleja del análisis presentado en los tópicos anteriores y frente a la experiencia que hoy existe respecto del desarrollo del actual sistema, quedan al descubierto defectos de diseño; de debilidades en la regulación del sistema; de “orientación” del sistema, traducido en imprecisión respecto de misiones, funciones y roles, de financiamiento, entre muchos otros aspectos.

Este nuevo marco jurídico debe considerar toda la diversidad de elementos y cuerpos normativos existentes. Se debe aspirar a una integración normativa y sistematizada y a una Ley Marco centrada en conceptualizaciones: Rol del Estado, Rol de la Educación Superior y sus instituciones, Pertinencia, Requisitos de entrada y permanencia de las instituciones al sistema y reconocimiento de la naturaleza jurídica de cada una de ellas, y normas objetivas de general aplicación. Dicha ley marco debe entregar a cuerpos reglamentarios explícitamente ciertas materias técnicas.

Respecto del Rol del Estado, éste debe ser explícito en términos de su responsabilidad como garante de un sistema de calidad, equitativo y en su aporte de financiamiento, siguiendo lo establecido en la Declaración Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO, que el país suscribió en 1998, pero que hasta ahora no ha considerado decididamente. Del mismo modo, respecto del rol que les cabe a las instituciones de educación superior y las funciones que éstas deben cumplir en la sociedad chilena.
Debe aclararse asimismo, de forma explícita la situación de coexistencia confusa en el país respecto de instituciones de Educación Superior, en cuanto a su carácter estatal-público; carácter privado con o sin aporte público y aquellas de carácter privado con “vocación de servicio público”. Toda esa confusión se hace relevante, en particular, a la hora de considerar los destinos del financiamiento público, como se aprecia en el apartado correspondiente a ese tema.

· En el corto plazo, debe comenzar una política de articulación de la Educación Superior, que habilite a estudiantes de un CFT a continuar sus estudios superiores en aquellas carreras susceptibles de articular (las instituciones deben acreditar estándares de calidad prefijados). Dicha articulación debe ser progresiva y autorizada por un organismo nacional competente y acompañada por el Ministerio de Educación. Como política de Estado, ésta debe ser considerada a largo plazo, para ello es de vital trascendencia que se establezcan las condiciones de esta articulación y los beneficios e incentivos que correspondan.

· Una vez acreditadas, las instituciones no pueden quedar sin control y corresponderá, se estima, al Consejo Superior de Educación definir cuándo un título tiene efectivamente el carácter de técnico, cuándo el de profesional con o sin licenciatura, y cuándo puede ser otorgado un grado académico de magíster o doctor.

Cabe mencionar en este punto, que se indicó por parte de algunos consejeros, la necesidad de poner especial atención en las titulaciones ofrecidas por los Institutos Profesionales, los cuales, en ciertos casos, producen confusión respecto de la amplia diversidad de lo que ofrecen, amén de ofrecer títulos con denominaciones equivalentes a aquellos que requieren licenciatura previa y que sólo pueden otorgar las universidades. Esto es especialmente importante además, a la hora de buscar la articulación total del sistema.

· Toda institución que imparta educación, tenga o no establecido fines de lucro, debe dar cuenta pública, permitiendo la más amplia revisión de su manejo financiero. Los subsidios y exenciones tributarias de que gozan, obligan a una fiscalización que no se ha llevado a cabo. Conforme a lo anterior, cada año las instituciones de Educación Superior (sean o no del Consejo de Rectores) deberán dar cuenta de la administración de sus fondos (por ejemplo, ante una Superintendencia de Educación), deberán informar de los hechos esenciales y publicar sus balances auditados, tal como lo hacen las sociedades anónimas abiertas, situación en parte ya abordada en la nueva Ley de Acreditación.

Lo anterior persigue unificar la política de trato de las instituciones sin importar su naturaleza pública o privada, entre el Estado y las instituciones que proveen Educación Superior, con políticas de financiamiento adecuadas y pertinentes que permitan a los estudiantes desarrollar su proyecto formativo personal con libertad y sin tropiezos impuestos por el sistema.

· Se considera necesario, por parte de algunos integrantes, abordar el tema de la naturaleza jurídica que hoy impide la creación de universidades privadas con fines de lucro, lo que en la práctica no se cumple, porque muchas, en los hechos, lo son, tejiéndose un manto de dudas sobre una u otra institución y generándose confusiones que perjudican a instituciones privadas que buscan tener una orientación pública.
· El Ministerio de Educación, como forma de proteger el interés de los estudiantes, de los profesores, funcionarios y del país, se estima que debe tener facultades, a través de la institucionalidad que el país genere para esto, para cerrar, fusionar y traspasar carreras, programas, sedes e, incluso universidades, si éstas transgreden las condiciones con las cuales se comprometieron cuando fueron reconocidas por el Estado, o si no logran ser acreditadas en dos ocasiones seguidas, y podrá autorizar cambios en su propiedad y administración.

Recomendaciones sobre el Consejo Superior de Educación

Respecto del Consejo Superior de Educación, se propone que la instancia permanezca, ya sea con el mismo o con otro nombre, y que tenga las siguientes características y atribuciones, en consonancia y convergencia con el Ministerio de Educación, bajo su división de Educación Superior, así como con la Comisión Nacional de Acreditación, cuyo rol debe circunscribirse al de acreditar las instituciones y carreras (vía agencias como lo establece la ley) ofrecidas por las instituciones.

· Se propone que se transforme en un ente técnico propiamente tal, con profesionales idóneos, preparados para llevar adelante el proceso de trasformación y articulación de la Educación Superior. Su integración debe ser impar y no obedecer a representaciones ni intereses corporativistas de instituciones del Estado. Podría utilizarse un proceso de nombramiento parecido al utilizado por el Banco Central, es decir, designado por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado. Sus miembros deben permanecer en sus cargos por un período superior a la duración de un período presidencial (se propone que permanezcan ocho años en sus cargos). De igual importancia es que, al especializarse, se les remunere adecuadamente. El Consejo Superior de Educación debe contar con Secretarías Técnicas especializadas y asesores de primer nivel; una propuesta del Consejo indica incorporar también representantes de la sociedad civil, vinculados con educación, como miembros no permanentes.

· El Consejo Superior de Educación debe ser el órgano competente para definir los parámetros y estándares de calidad para la Educación Superior, articulando la misma para asegurar la continuidad del estudiante, hasta que éste decida concluir su proceso formal de aprendizaje.

· El Consejo Superior de Educación debería fiscalizar el proyecto educativo institucional y velar porque se respeten los derechos de los estudiantes, realizar propuestas para una ordenación territorial de las instituciones de Educación Superior (para ello se requiere unificar criterios de la Educación Superior, regulación de la oferta, etc.).

· Sus atribuciones deben propender a tener un carácter resolutivo, para ello, una propuesta es ampliar su facultad de aplicar las sanciones que correspondan a todo tipo de entidad, esté o no acreditada, en tanto, otra es que tal facultad debe recaer en el Ministerio de Educación.

· El Consejo Superior de Educación deberá tener atribuciones sobre las instituciones castrenses que imparten educación, quienes efectivamente deben limitarse a entregar títulos del ámbito de su competencia.
· Respecto del Patrimonio del Consejo Superior o equivalente, debe hacerse una revisión a fin de impedir que éste reciba donaciones de aquellas instituciones que fiscalice.

Recomendaciones respecto a la participación, gobierno institucional y autonomía

· El Consejo estima que no debiera haber un modelo único de participación establecido por ley. La legislación debe abrirse a la posibilidad de que cada institución elija libremente el modelo de participación que quiere aplicar, basada en su autonomía y teniendo presente los principios señalados por la UNESCO presentados al inicio en este capítulo.

· De cualquier manera, cualquiera sea la determinación institucional, se señala que deben propiciarse las condiciones para que exista una participación efectiva de los distintos estamentos en las instituciones de Educación Superior.

· Asimismo, se requiere hacer explícita la necesidad de que las universidades estatales cambien sus estatutos de 1981 a la brevedad.

· Para favorecer la participación responsable, se requiere facilitar la realización de cursos o discusiones de temas transversales.

· Algunos integrantes del Consejo, manifiestan su interés en la existencia de Consejos Triestamentales y que no se impida la libre asociación de los grupos intermedios.

· Manteniendo la importancia respecto de la responsabilidad que le cabe a las instituciones de Educación Superior respecto de rendir cuentas a la sociedad, con énfasis en las instituciones que reciben aportes públicos; de someterse a los sistemas de acreditación, así como de regulación y control de éste, deben otorgarse las condiciones necesarias de libertad académica y autonomía, expresada ésta en sus diversas dimensiones: autonomía intelectual o de generación de conocimientos; autonomía de gobierno; de gestión administrativa y financiera; autonomía territorial; autonomía en la determinación en sus planes de desarrollo y autonomía en la definición, organización y planificación de sus actividades.

IX. 3. 3. Calidad y Equidad

Recomendaciones para una Educación Superior de calidad

· El sistema de Educación Superior chileno, en su conjunto, debe recomponerse, de manera de no ser simplemente un mercado educativo inconexo, sin una preocupación fundamental por “el hombre” y la sociedad, mancomunados. Debe ser un sistema mixto, de carácter público y privado, perfectamente articulado y lógico, que otorgue oportunidades de acceso con equidad, que provea movilidad social, que dé cuenta del desarrollo futuro de la Nación, que forme personas ilustradas, profesionales en todas las áreas, científicos, investigadores, así como también técnicos del mejor nivel. Que sea verdaderamente un pilar de la sociedad moderna, tanto a nivel local como global y que, al mismo tiempo, resguarde principios y valores fundamentales como la paz, la seguridad, la democracia y la libertad.

· Las Instituciones de Educación Superior, independiente de su autonomía, deben asegurar un proyecto educativo serio, el cual debe ser exigible por el Estado y fiscalizarse de manera periódica.

- Dentro del proyecto educativo de cada institución superior, debe existir fortalecimiento, coherencia y vinculación con la educación dual. El esfuerzo dual, como una forma de crecer como país en beneficio del bien social y de una mayor equidad, debe ir orientado a aumentar y vincular los recursos financieros y humanos con el conocimiento científico y tecnológico.

- Fortalecer los espacios de construcción e interacción de la institución con el medio, el cual debería ser parte básica de los proyectos educativos de cada institución de Educación Superior.

- Incluir en el proyecto institucional, espacios dentro de la calendarización académica de reflexión permanente, inherentes a todas las carreras, respecto a problemáticas coyunturales y superación de éstas.

· Procurar, al interior de las Instituciones, una coherencia curricular transversal a todas las carreras, que sea parte obligatoria de cada malla. Debido a la masificación de la educación y las diferencias de aprendizaje anterior de los estudiantes que ingresan, debe establecerse desde primer año, actividades de nivelación respecto a lo que se requiere para aprender y llegar a ser más autónomos y capaces de decidir. Debe desarrollarse un currículum integrador, que posibilite que los estudiantes sean más creativos, innovadores y con capacidad de decisión. Considerar asignaturas tales como:

Derechos Humanos: (entendiendo por éstos los consagrados en las Declaración de los DD.HH y sus respectivas modificaciones y ratificados por la ONU: Derechos sociales, económicos, políticos, civiles, derecho a la democracia y a la participación política).

Ética profesional: para potenciar las capacidades y potencialidades de todos los estudiantes, desarrollar los principios éticos que deben guiar su actuación y, de este modo, ayudarlos a tomar conciencia respecto a que son personas que pueden contribuir al conocimiento científico y tecnológico, bajo una lógica de responsabilidad social.

Globalización y cultura: esto se requiere debido a que estamos en un mundo tan globalizado y cambiante, frente al cual es necesario que los jóvenes posean la capacidad de autocrítica y reflexión y puedan contribuir con sus propias reflexiones, a partir de conocer los cambios producidos en América Latina y en los países más avanzados.

Introducción a Educación Superior: esto, debido a que existe un gran vacío y desconocimiento por parte de los jóvenes de los reglamentos y estatutos con los que se guía cada institución, y de cómo se estructura la Educación Superior. En este ámbito, debe existir una asignatura inicial que se preocupe de introducir en los estudiantes las formas cómo se rigen las instituciones en temas tales como, calidad de la Educación Superior, financiamiento de éstas, reglamentos, estatutos, acceso a la Educación Superior y gobierno institucional.

· Dirigir políticas públicas en forma preferente a las instituciones de Educación Superior Estatal. Si bien, se discutió la posibilidad de prohibir la existencia de universidades privadas con fines de lucro, no hubo consenso al respecto en el Consejo. Sin embargo, sí los consejeros en conjunto, plantearon la necesidad de perfeccionar la legislación, de manera que no pueda ser fácilmente burlada, por ejemplo, vía transferencia de costos a terceros para aparentar utilidades reducidas. Se concordó además, que ninguna institución puede recibir aportes públicos independientes de sistemas de control de su calidad.

· Respecto de la acreditación, se valora la nueva ley. Se destaca que el reglamento respectivo debe estar disponible en un tiempo razonable, conteniendo normas de control, de regulación y de indicadores. Se considera que es importante hacer la acreditación obligatoria, cuidando de no mercantilizar el proceso por la acción desregulada de las agencias de acreditación. Se señala, además, que deben considerarse diversos aspectos, tales como:

- Velar por la transparencia del sistema.

- Evaluar los proyectos según su propio mérito y no en comparación con otros de instituciones de distinto desarrollo.

- Incorporar criterios de pertinencia y relevancia.

- Regular su publicidad, pues puede darse información tergiversada al público.

- Los criterios para quedar acreditados por siete años deben ser más exigentes.

· La recientemente promulgada ley que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, si bien no está orientada a la regulación de la apertura de nuevos programas y sedes, sí debiera incidir en ello, al estar sujetas las instituciones y sus programas al cumplimiento de criterios validados por la comunidad académica nacional, garantizando la existencia de mecanismos y políticas de autorregulación y de mejoramiento continuo de la calidad.

· Respecto a los Procesos de Selección, se señalan los siguientes aspectos:

- La PSU es una herramienta muy homogénea para estudiantes, intereses y carreras, que a su vez, son muy heterogéneos.

- La PSU debe seguir vigente, pero debe ser exigible para un determinado grupo o tipo de carreras, no para todas (Artes, por ejemplo)

- Se sugiere la creación de pruebas de selección según aptitudes, definidas por las universidades o carreras específicas

- Proponer la existencia de sistemas diversos de selección de alumnos y cambios metodológicos a esos procesos. Debe recordarse que la PSU es un sistema atingente a sólo un grupo de las universidades chilenas. Por lo tanto, se puede proponer el rediseño de los sistemas de selección. Hay incluso quienes señalan que se debiera considerar el establecimiento de un sistema único de postulación y selección a las instituciones de educación superior chilenas, o por lo menos, abierto a todas las instituciones que estén dispuestas a participar en él.

IX.3.4. Financiamiento

El Consejo decide abordar el tema intentando separar, en lo posible y al igual como se efectuó en el caso del Diagnóstico, el financiamiento de las instituciones, del financiamiento de los estudios superiores. Sin perjuicio de aquello, el Consejo manifestó consenso respecto a algunas necesidades transversales, tales como aumentar drásticamente la inversión pública en Educación Superior, mediante un rediseño orgánico y racional de dicha inversión, contemplando tanto la definición de diversos objetivos y mecanismos de asignación, como el necesario establecimiento de indicadores de desempeño y la debida rendición de cuentas públicas o accountability.

Por otra parte, un grupo de consejeros señala que el financiamiento de la Educación Superior debe ser una responsabilidad preferente del Estado y no del sistema privado.

Recomendaciones respecto a financiamiento Institucional

· Se estima que las herramientas de financiamiento que el Estado debiese implementar son, al menos, dos diferentes: en primer lugar, un financiamiento por presupuesto para todas aquellas instituciones estatales de educación superior. La segunda, un sistema de fondos concursables, que permita la competencia entre todo tipo de instituciones debidamente acreditadas y cumpliendo algunos estándares mínimos, fomentando el desarrollo y la transmisión del conocimiento con la mayor eficiencia posible.

El primer mecanismo deberá permitir un adecuado funcionamiento basal de las 16 Universidades Estatales, con un sistema de remuneraciones acorde con el nivel del país y que entregue garantías explícitas para el mejor desarrollo de la docencia, investigación y extensión. Por tanto, la participación del financiamiento fiscal para estas universidades, debiera elevarse radicalmente. El sistema de accountability e indicadores de desempeño que se establecerá, permitirá, además, cuando la situación lo amerite, la implementación de metodologías extraordinarias de financiamiento y administración. Esto último ya sea para premiar el buen funcionamiento de las instituciones, como para corregir las falencias que pudieran presentarse.

Estos regímenes extraordinarios podrían aplicarse, por ejemplo, en aquellas instituciones estatales que no queden debidamente acreditadas según la nueva Ley de Aseguramiento de Calidad. Así, se debiera establecer un fondo complementario para implementar las mejoras necesarias, derivadas del diagnóstico entregado por la entidad acreditadora. Es necesario observar que este tipo de medidas implicarían también una intervención administrativa por parte del Estado, de tal manera de no convertir este fondo en un premio a la mala gestión, sino una real preocupación por la calidad de la Educación Superior Estatal.

A juicio de algunos consejeros, habrán de hacerse especiales reparos respecto a este primer mecanismo, frente a la existencia de universidades creadas con anterioridad a 1980 y que reciben un aporte estatal directo. Si bien algunas de ellas no necesariamente pueden aplicar en el sentido más amplio, conceptos como el de tolerancia y pluralismo, exigibles para toda institución pública, se reconoce que históricamente han reemplazado con la mayor calidad, la existencia de instituciones públicas en determinadas áreas o en distintos puntos del territorio nacional. Un régimen especial de transición debiera, a su juicio, generarse para dichas instituciones, que les permita adaptarse al nuevo modelo ya sea bajo una u otra clasificación.

Otros consejeros, en tanto, señalan que, siendo uno de los aspectos esenciales sobre el financiamiento a la Educación Superior el rol del Estado, éste tiene una tarea irreemplazable en el fomento a la generación de bienes públicos y en ello lo más importante es identificar donde están y quienes las producen y promover mediante el financiamiento la adecuada generación de estos bienes. En consecuencia, se indica, debe superarse la atávica tendencia a clasificar ex ante a las entidades de educación entre estatales (producen bienes públicos) y no estatales (producen bienes privados), conviniendo, más bien, en referirse a instituciones o áreas públicas y privadas, donde la principal diferencia sería, precisamente, su orientación y misión.

La segunda herramienta tendrá por objetivo incentivar la eficiencia en el desarrollo y la transmisión del conocimiento a todo nivel, así como mantener el pluralismo y cultivo de sectores minoritarios que nuestra sociedad valore. En cuanto al nivel de inversión pública en este ámbito, también debieran preverse modificaciones al alza, tal como lo sugiere la comparación con la inmensa mayoría de los países desarrollados.

· También ha sido parte de la discusión del Consejo, el tratamiento de los actuales mecanismos de financiamiento. Si bien se valora la existencia en la práctica de fondos concursables en consonancia con la propuesta anterior, se tienen severas críticas a los dos principales instrumentos de financiamiento institucional vigente: el aporte fiscal indirecto (AFI), destinado a cualquier institución pública o privada, y el aporte fiscal directo (AFD), destinado a las 25 universidades del Consejo de Rectores.

Se destaca que el AFD debe revisarse. Su principal falla es que restringe su destino a ciertas entidades por razones históricas, sin perjuicio que sean en efecto ellas las llamadas a recibir ese apoyo. Además, la distribución sigue la misma regla del apoyo en base histórica y no por objetivos y desempeño, como ya se indicó.

De cualquier manera, vale la pena recordar, si bien esto es un elemento de diagnóstico, que el AFD representa en promedio, para las 25 universidades del Consejo de Rectores, un 15% de los ingresos de un grupo menor de estas universidades (un 95% del AFD se distribuye en conformidad con la asignación histórica a cada institución; el 5% restante es variable y se asigna considerando variables de desempeño), en tanto, para la gran mayoría restante, ese promedio es bastante menor que el indicado. Los aranceles (y créditos), además del AFI, representan para las universidades del Consejo de Rectores, valores superiores al 80% de sus ingresos. Lo restante proviene de recursos públicos competitivos (de desarrollo institucional e investigación) y de fuentes privadas (venta de servicios, donaciones, contratos, etc.). Las 182 instituciones privadas de educación superior (35 universidades privadas además de todos los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica), en cambio, pueden acceder al AFI, a los recursos competitivos para investigación y a donaciones, por lo que el mayor porcentaje de sus ingresos lo representan los aranceles.

El Consejo manifiesta que el AFI no cumple el rol con el que fue creado –promover la calidad de las instituciones mediante la competencia por los mejores estudiantes-, y se ha transformado en un incentivo para el avisaje y una publicidad imprecisa, que no entrega información adecuada a los estudiantes y sus familias, conceptos sin embargo no compartidos por todos los consejeros.

Como primer punto para mejorar esta herramienta, se plantea la necesidad de generar un instrumento que permita una adecuada adaptación de las instituciones que más AFI reciben, previo a cualquier modificación, a fin de que éstas no desestabilicen sus finanzas. Y, segundo, se propone definir qué nuevos indicadores se eligen para asignar dichos recursos. Pueden ser estudiadas diversas metodologías al respecto, como lo son el incentivo al número de doctorados acreditados, a la captación de estudiantes según ranking de notas en su colegio de origen, el impacto social de la extensión, la pertinencia de las investigaciones de acuerdo a un sentido país, la composición socioeconómica del estudiantado e incluso el traspaso directo al AFD.

A juicio de algunos consejeros, el AFI es tal vez “menos malo” que el AFD, ya que al menos tiene un elemento de competitividad que le da más validez. Sin embargo, coinciden en que debiera reevaluarse, aunque no en el sentido de lo señalado en el párrafo anterior, sino bajo conceptos distintos.

· Respecto a la política arancelaria, una parte del Consejo valora el establecimiento de un sistema de aranceles de referencia que permita compatibilizar el financiamiento institucional con el sistema de ayudas al financiamiento de los estudios. Sin embargo, estima necesario redefinir los aranceles de referencia en concordancia con los costos reales de implementación de las carreras. La posición opuesta a este planteamiento señala que los aranceles de referencia ponen límites a los préstamos fiscales que pueden recibir los alumnos y por esa vía se coarta la libertad de elección. Es injusto e inequitativo, indican, y no ataca la raíz del problema que es la baja recuperación de los préstamos. Además el asociar el arancel de referencia a los costos de las carreras es una solución teórica pero de difícil aplicación práctica.

· Se reitera por ultimo, la necesidad de accountability, entendida ésta como rendiciones de cuentas referidos a un proyecto institucional, es decir, referirse a una evaluación de desempeño mas que a un control meramente administrativo, esta sugerencia se hace extensiva a todo proyecto emprendido con fondos públicos.

Recomendaciones referidas al financiamiento de los Estudios Superiores

· Existe acuerdo en el Consejo en relación a que el Estado debe garantizar que todo estudiante, cualquiera sea la institución donde estudie, se desarrolle en igualdad de condiciones, en un ambiente meritocrático, donde los efectos de las desigualdades socioeconómicas sean anuladas por políticas públicas adecuadas de ayuda en el financiamiento de los estudios y de sus costos complementarios, sin menoscabo de los mínimos de calidad, equidad y pertinencia que el Estado de Chile establezca.

En función de lo anterior, el Consejo estima que los sistemas de ayuda al financiamiento de los estudios superiores, aún considerando las mejoras implementadas en los últimos años, son insuficientes para las necesidades de las familias chilenas y del país. Se aprecia al respecto la inexistencia de un mecanismo adecuado de financiamiento que cubra las necesidades de los estudiantes, particularmente de aquellos pertenecientes a instituciones que no integran el Consejo de Rectores.

· Si bien los estudiantes en instituciones privadas acreditadas y que avalen la deserción, poseen desde 2006 acceso al crédito de la Ley 20.027 -el llamado crédito privado con garantía estatal-, existe un grupo de consejeros que no ven en este mecanismo una herramienta adecuada para financiar sus estudios. Dicho argumento se sustenta en tres aspectos fundamentales: primero, se trata de un crédito pagado a cuota fija, con intereses cercanos a los de mercado, por lo que atenta profundamente contra la libertad del egresado de elegir su área de desarrollo profesional, pues deberá procurar el máximo retorno privado que le permita restituir los recursos a la banca. Segundo, genera un incentivo perjudicial para la calidad académica de las instituciones, pues éstas deben cubrir el riesgo por deserción. Y tercero, sigue profundizando la participación de las fuentes privadas en el financiamiento de la Educación Superior, en circunstancias que los países desarrollados han tomado el camino opuesto.

· Los miembros del Consejo critican también, en general, las consecuencias que tiene en la actualidad el enorme grado de financiamiento privado de la Educación Superior chilena, ya que no permite desarrollar áreas poco rentables desde el punto de vista del retorno privado, pero muy necesarias para el país.

· En relación a los mecanismos de asignación de las ayudas, se requiere la creación de una agencia pública encargada de racionalizar y homogeneizar los criterios bajo los cuales se entregan dichos recursos. Esto, bajo el análisis que hoy no existen razones claras y objetivas que argumenten a favor de la actual segmentación de los sistemas de financiamiento. Se indica, por parte de algunos consejeros, que el sistema de créditos del Fondo Solidario tiene una grave falla en el diseño, y requiere una reformulación profunda.

Se plantea organizar el sistema de subsidios públicos en torno a los siguientes dos ejes:

Tipo de institución y carrera

Las instituciones cuyos estudiantes accedan al sistema de ayudas, deberán mantener un estándar de calidad adecuado. Además, se podrá establecer la pertinencia del incentivo de una determinada carrera en función de las necesidades del país y nivel de saturación del mercado.

Condición socioeconómica del estudiante

Las características socioeconómicas actuales del estudiante, serán el factor clave para asignar la ayuda y para determinar el nivel de subsidio en ella.

· Respecto a lo anterior, una parte de los miembros del Consejo piensa que es importante considerar en ciertos casos el nivel de ingresos futuros del estudiante, como forma de incentivar el compromiso social del egresado. En particular, por ejemplo, que todos los créditos asignados debieran ser pagados de forma contingente al ingreso, contemplando un piso mínimo que exima del pago. Además, debieran considerar diversas variables, tales como área de desenvolvimiento del profesional –incentivos para el sector público o regional- y las condiciones sociales familiares.

· Otro sector de los consejeros se inclina hacia una propuesta de arancel diferenciado, que rechaza el crédito como forma de financiamiento, argumentando que este tipo de instrumento le asigna un valor de mercado no atribuible a la educación como concepto. Por ende, proponen que cada estudiante pague en función de su capacidad de pago presente, sin considerar en ningún caso su condición futura. Específicamente, señalan considerar ingreso per cápita – gasto mínimo, y en el caso de que esta fórmula entregue un resultado negativo, que sea el Estado quien compense dicha diferencia a través de ayudas adicionales (becas de alimento, manutención, etc.). Anexo a ello, indican, sería necesario definir algunos casos de excepción (apelaciones) por: enfermedades catastróficas no cubiertas por el auge, consecuencias no directas de otras enfermedades, integrantes del grupo familiar estudiando en la Educación Superior y deudas históricas en servicios básicos.

· Por último, los consejeros manifiestan que las condicionantes académicas para la entrega de ayuda, debieran converger con los requisitos establecidos por las instituciones, para así garantizar una verdadera igualdad de oportunidades, sin que exista una exigencia mayor para quienes no cuentan con recursos propios. Sin perjuicio de lo anterior, mantener la acotación de un máximo temporal de la entrega de la ayuda equivalente a 1,5 veces la duración de la carrera, sigue siendo una norma razonable a juicio del Consejo.

· Como forma de financiar esta mayor inversión pública, y a pesar de no estar estrictamente dentro del ámbito de este Consejo, algunos consejeros plantean que un alza del impuesto a la renta para los sectores más acomodados, es la forma más justa y adecuada de solventar esta inversión. La experiencia internacional indica que ha sido, precisamente, a través de este tipo de herramientas, que los países desarrollados han logrado mejores índices de equidad y distribución de sus riquezas.

IX.3.5. Ciencia y Tecnología

· Se considera la urgente necesidad de que el país incremente de manera substancial la inversión que hace en Educación Superior y en Ciencia y Tecnología. Asimismo, el apoyo que el Estado y el sector privado otorga a la formación de doctores. Toda esta inversión debe ocurrir en un contexto de nuevas políticas para el sector, las que debieran incluir tanto nuevos instrumentos de financiamiento competitivo, sobre una base de convenios de desempeño y metas pactadas a mediano y largo plazo, como de instrumentos e incentivos que promuevan una mayor articulación entre Universidad y sector productivo y de servicios. En este sentido, aparece como una estrategia promisoria, promover la formación de alianzas estratégicas entre las universidades nacionales y regionales y sectores claves de la economía chilena.

· Para algunos consejeros, un elemento orientador sobre la asignación de fondos públicos en investigación, es reconocer la realidad y es que sólo un conjunto reducido de instituciones está capacitada para abordar bien un área básica del quehacer universitario: la investigación disciplinaria como base para la creación de nuevo conocimiento y generación de bienes públicos. Es preciso señalar que debe haber un apoyo especial a este tipo de instituciones

· Es necesario profundizar los incentivos a la formación de grupos inter y transdisciplinarios para el desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica aplicados a las necesidades del país

· Establecer a la brevedad un sistema de acreditación para laboratorios de certificación, así como políticas y sistemas expeditos para Propiedad Intelectual.

· Se debe continuar y profundizar el desarrollo y creación de infraestructura tecnológica, que permita establecer una red regional que cobije y de cobertura de alto nivel a científicos y tecnólogos, que permita ofrecer servicios y soluciones integradas a las demandas del país.

· Es también importante señalar, que no podemos dejar fuera el desarrollo de las Humanidades y las Ciencias Sociales como un instrumento de conocimiento que potencie el estudio del desarrollo humano y sus relaciones societales.

· Es necesario dar mayor valor agregado a los productos de exportación, de manera de sobrepasar sustantivamente los actuales niveles de exportación. Lo anterior exige una gran capacidad de innovación y desarrollo tecnológico aplicable a la realidad del país. Chile debe resolver sus problemas de contaminación, de gestión energética y de salud, provocados por situaciones propias del país. Chile debe mejorar la calidad de los productos que fabrica, debe dedicar tiempo a investigar problemas y situaciones que afectan la calidad de vida de los ciudadanos, sus patrones de comportamiento, sus fortalezas y debilidades. Nada de lo anterior se logrará si el Estado no contribuye a ello. La solución se logrará si se invierte en el conocimiento, en la investigación y en la formación de cuadros académicos de excelencia.

Respecto a investigación en educación

· El país debe invertir más en la formación de investigadores especializados en educación a través de programas de postgrado (magíster y doctorados), tanto nacionales como extranjeros. Estos especialistas deben tener las competencias en los métodos de investigación de las ciencias sociales, y la capacidad no sólo para comprender y explicar los problemas, sino que además para proponer y diseñar opciones de solución de los mismos. Se trata de un investigador cercano a los problemas y a los contextos de su solución; con la capacidad de realizar un trabajo interdisciplinario y difundir sus conocimientos a través de distintas modalidades y modos de circulación de los resultados de las investigaciones.

· Siguiendo el ejemplo de los países desarrollados, el país debe aumentar la inversión investigación educativa y promover la articulación de la misma con el trabajo de los profesores y los tomadores de decisiones. Según estudios de la OECD/CERI, los investigadores necesitan estar más cerca de los actores del sistema para contribuir a mejorar las bases de conocimiento que funda y orienta sus prácticas . Desde esta perspectiva, la investigación sobre problemas de gestión; formación de profesores; prácticas pedagógicas y evaluación de aprendizajes constituyen, entre otros, grandes prioridades de investigación para la toma de decisiones y el cambio en al escuela.

· Se hace necesario, en suma, expandir sustancialmente la masa crítica de investigadores y académicos, y la calidad de su producción en términos de investigación para el desarrollo del sistema educativo y la solución de sus problemas.

· Se sugiere:

- Incrementar de la capacidad científica del país en educación, fortaleciendo las instituciones que forman capital humano avanzado en educación.

- Establecer un programa de apoyo a la formación de investigadores a través de becas doctorales al exterior –al menos de cuatro años- a universidades de alto prestigio científico y que impliquen manejo de idioma extranjero.

- Ofrecer apoyo directo a programas nacionales acreditados de maestría y de doctorado –sean estos institucionales o interinstitucionales- y con compromisos vinculantes para abordar problemas sustantivos de nuestro sistema educativo.

- Definir una política de investigación educativa con la participación de investigadores de instituciones formadoras; agencias de financiamiento y de desarrollo de la investigación.

- Redireccionar los fondos concursables en el área de la educación. A través de la definición de áreas prioritarias y del incentivo a aquellos proyectos que logren transferir exitosamente sus hallazgos al sistema de manera sustentable.

- Crear y apoyar el desarrollo de centros avanzados de investigación en educación en distintas regiones del país, que trabajen en red y que concursen a fuentes nacionales y extranjeras para la obtención de fondos.

- Crear mecanismos e incentivos que conecten el campo de la investigación con el de los usuarios, particularmente tomadores de ediciones y profesores, favoreciendo la relevancia y adecuación del conocimiento a las distintas realidades, contextos y situaciones que caracterizan al sistema.

- Difusión de resultados de investigación y promoción de desarrollo de redes; trabajos compartidas y movilidad interna y externa de investigadores y de estudiantes.

Finalmente, y como se señala al inicio del capítulo, el Consejo estima de la mayor importancia que se considere en el futuro próximo la creación de una instancia para discutir el desarrollo de la Educación Superior Chilena, preferentemente con una institucionalidad permanente.