Gobierno cede en tema del lucro y busca fórmula intermedia para lograr acuerdo con la Alianza
Viera-Gallo intensifica sondeos con la Concertación para lograr apoyo a propuesta elaborada por asesor del Mineduc, Pedro Montt, y el director de LyD, Cristián Larroulet.
ALEJANDRO TRUJILLO
La sustitución de la norma que pone fin al lucro por una fórmula intermedia que contempla la introducción de un marco regulatorio al mismo es uno de los ejes centrales de la propuesta con que el Gobierno apuesta a destrabar las negociaciones con la Alianza de cara a una reforma a la Ley de Educación.
La salida forma parte de los intentos de La Moneda por sortear lo que se ha definido como la primera "prueba de fuego" del pacto social promovido por la Presidenta, y ha llevado durante las últimas horas al ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, a intensificar sus contactos con las directivas y parlamentarios del oficialismo.
El objetivo de las gestiones es conseguir el piso político necesario para las negociaciones que se han venido desarrollando al interior de la comisión de técnicos y parlamentarios que se instauró hace ya más de dos meses.
El trabajo de la instancia quedó reflejado en un pre-informe elaborado por el asesor del Mineduc, Pedro Montt, y el director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet, que fue entregado al Gobierno a fines de la semana pasada.
Además de establecer mecanismos regulatorios al lucro en la educación, entre otras propuestas, el documento denominado "Bases para un acuerdo Concertación-Alianza en educación" acoge la idea de la Alianza de avanzar en la creación de una Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad, y establece la prohibición para aplicar criterios de selección de alumnos hasta 6º básico.
Lobby con partidos
Con texto en mano, y entrando de lleno al lobby con el oficialismo, La Moneda convocó el lunes a una reservada reunión en dependencias del Mineduc a los representantes de las cuatro colectividades concertacionistas en materia educacional: los DC Mariano Ruiz Esquide y Gabriel Silber, los PS Ricardo Núñez y Carlos Montes, la PPD Carolina Tohá, y el PR Nelson Ávila.
En dicha cita -que tuvo a Viera-Gallo y a la ministra Provoste en representación del Gobierno- se pidió a los parlamentarios iniciar un proceso de sensibilización de los acuerdos contemplados en el informe, sobre todo aquellos puntos en donde La Moneda debió hacer concesiones para asegurar el respaldo de la Alianza (las reformas más emblemáticas exigen un quórum de 4/7 en el Congreso).
Buscando agilizar las tratativas para poder presentar oficialmente un acuerdo en los próximos días, Viera-Gallo se reunió el miércoles con los senadores radicales y asistió ayer en la mañana a una reunión extraordinaria de la comisión política del PS para abordar el tema. Tarea similar cumplió también la subsecretaria de Educación, Pilar Romaguera, ante la comisión política del PPD el mismo miércoles.
Hasta ahora ha habido avances sólo en términos generales, ya que la idea de ceder en temas como el fin del lucro y la aplicación de criterios de selección generan reparos, sobre todo en el PS y en la DC. En el caso de esta última colectividad, particularmente debido al mayoritario apoyo que el Congreso Ideológico le dio al fin del lucro.
Giro único
Por ahora, y a la espera también de que las directivas de la UDI y RN le den su visto bueno, la propuesta redactada por Montt y Larroulet contempla entre sus aspectos centrales una nueva arquitectura institucional en educación, integrada por cuatro grandes entidades: Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación, Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad y Consejo Nacional de Educación.
Acogiendo parte de los requerimientos oficialistas, contempla, asimismo, un "fortalecimiento del rol del Estado en el sistema escolar", para lo cual no sólo se le conceden funciones de fiscalización de los sostenedores públicos, sino además de aseguramiento de la calidad y de "revocación de reconocimiento oficial a las escuelas que no cumplen" con determinados estándares.
El tema del lucro se salva estableciendo una serie de requisitos para el sostenedor y el uso de la subvención pública. Según reza la propuesta, "sólo podrán ser sostenedores personas jurídicas con giro único y dedicación exclusiva a educación" y "la calidad de sostenedor será intransferible". Del mismo modo, se señala que "la subvención será auditable y deberá rendirse periódicamente ante la Superintendencia".
ALEJANDRO TRUJILLO
La sustitución de la norma que pone fin al lucro por una fórmula intermedia que contempla la introducción de un marco regulatorio al mismo es uno de los ejes centrales de la propuesta con que el Gobierno apuesta a destrabar las negociaciones con la Alianza de cara a una reforma a la Ley de Educación.
La salida forma parte de los intentos de La Moneda por sortear lo que se ha definido como la primera "prueba de fuego" del pacto social promovido por la Presidenta, y ha llevado durante las últimas horas al ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, a intensificar sus contactos con las directivas y parlamentarios del oficialismo.
El objetivo de las gestiones es conseguir el piso político necesario para las negociaciones que se han venido desarrollando al interior de la comisión de técnicos y parlamentarios que se instauró hace ya más de dos meses.
El trabajo de la instancia quedó reflejado en un pre-informe elaborado por el asesor del Mineduc, Pedro Montt, y el director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet, que fue entregado al Gobierno a fines de la semana pasada.
Además de establecer mecanismos regulatorios al lucro en la educación, entre otras propuestas, el documento denominado "Bases para un acuerdo Concertación-Alianza en educación" acoge la idea de la Alianza de avanzar en la creación de una Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad, y establece la prohibición para aplicar criterios de selección de alumnos hasta 6º básico.
Lobby con partidos
Con texto en mano, y entrando de lleno al lobby con el oficialismo, La Moneda convocó el lunes a una reservada reunión en dependencias del Mineduc a los representantes de las cuatro colectividades concertacionistas en materia educacional: los DC Mariano Ruiz Esquide y Gabriel Silber, los PS Ricardo Núñez y Carlos Montes, la PPD Carolina Tohá, y el PR Nelson Ávila.
En dicha cita -que tuvo a Viera-Gallo y a la ministra Provoste en representación del Gobierno- se pidió a los parlamentarios iniciar un proceso de sensibilización de los acuerdos contemplados en el informe, sobre todo aquellos puntos en donde La Moneda debió hacer concesiones para asegurar el respaldo de la Alianza (las reformas más emblemáticas exigen un quórum de 4/7 en el Congreso).
Buscando agilizar las tratativas para poder presentar oficialmente un acuerdo en los próximos días, Viera-Gallo se reunió el miércoles con los senadores radicales y asistió ayer en la mañana a una reunión extraordinaria de la comisión política del PS para abordar el tema. Tarea similar cumplió también la subsecretaria de Educación, Pilar Romaguera, ante la comisión política del PPD el mismo miércoles.
Hasta ahora ha habido avances sólo en términos generales, ya que la idea de ceder en temas como el fin del lucro y la aplicación de criterios de selección generan reparos, sobre todo en el PS y en la DC. En el caso de esta última colectividad, particularmente debido al mayoritario apoyo que el Congreso Ideológico le dio al fin del lucro.
Giro único
Por ahora, y a la espera también de que las directivas de la UDI y RN le den su visto bueno, la propuesta redactada por Montt y Larroulet contempla entre sus aspectos centrales una nueva arquitectura institucional en educación, integrada por cuatro grandes entidades: Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación, Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad y Consejo Nacional de Educación.
Acogiendo parte de los requerimientos oficialistas, contempla, asimismo, un "fortalecimiento del rol del Estado en el sistema escolar", para lo cual no sólo se le conceden funciones de fiscalización de los sostenedores públicos, sino además de aseguramiento de la calidad y de "revocación de reconocimiento oficial a las escuelas que no cumplen" con determinados estándares.
El tema del lucro se salva estableciendo una serie de requisitos para el sostenedor y el uso de la subvención pública. Según reza la propuesta, "sólo podrán ser sostenedores personas jurídicas con giro único y dedicación exclusiva a educación" y "la calidad de sostenedor será intransferible". Del mismo modo, se señala que "la subvención será auditable y deberá rendirse periódicamente ante la Superintendencia".
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