Declarados en Rebeldía

Después de aplausos, lágrimas y canción nacional incluida, era obvio que el ciudadano común y corriente se interesase en buscar las razones de tanta emotividad en el gobierno y en la derecha política. Luego de intensos movimientos nos encontramos con un documento escuálido de cinco páginas que consta de nueve puntos, entonces nos asalta una duda: ¿alguien nos ha tomado el pelo, o es que nuestros políticos han alcanzado capacidades sorprendentes de síntesis?

Ya el movimiento del año 2007 había comenzado con dos grandes golpes sintéticos. Cabe recordar que durante 2006 el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación (CAP) había producido dos informes de 101 y 252 páginas cada uno. El primer golpe sintético se produjo con el proyecto de “Ley General de Educación” de la Concertación de 48 páginas, y el segundo fue el “Nuevo Proyecto de Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza” de la Alianza de derecha con 36, el cual rescata en su denominación los preceptos dictatoriales de 1989. Lo sorprendente es que llegamos a fin de año, y cuando creíamos que tal vez podría armarse un debate abierto en el Congreso Nacional entre dos proyectos, obtenemos un Acuerdo de cinco páginas que reemplaza a los presentados por las dos agrupaciones políticas.

Un observador agudo dirá de seguro, que este esfuerzo sintético obedece al tipo de documento. Entonces se nos complica la cosa, porque tendríamos que hacer un análisis de contenido para saber “qué se dijo, qué se dejo de decir, y qué se dice ahora”. Haremos un modesto esfuerzo a continuación al menos en tratar de evidenciar cuales son las amnesias y las tensiones principales de este Nuevo Acuerdo, incorporando también las demandas del Bloque Social por la Educación, que mal que mal reunía a quiénes hicieron evidente la crisis educativa, y también reflexiones propias, veamos qué resulta:

En el olvido quedó la idea del CAP de dar una garantía constitucional al derecho a la educación. Ya que tanto se cita la evidencia internacional, esta indica que somos el único país que pone la libertad de los sostenedores para abrir, organizar y administrar establecimientos por sobre el derecho a la educación.

Otro olvido, es la iniciativa que buscaba favorecer a la educación pública, lo que implicaba dotar de mayores recursos a estas escuelas y liceos. Cuestión que en el actual Acuerdo no existe, ya que se mantiene la igualdad de trato.

La continuidad del lucro en educación no es un consenso social, por lo tanto es un aspecto abierto. La idea de permitir “el emprendimiento en educación” es un eufemismo para seguir defendiendo la ideología comercial en educación. Aquí claramente hace falta visión ética, y preguntarse si en educación que es un bien social, como la salud y la previsión, se debe permitir la gestión empresarial que tanto daño ha causado a nuestras escuelas y profesionales de la educación.

La superintendencia elevada a la grandilocuencia que se disfraza de novedad modernizadora, es un fantasma que esta penando desde 1842 en Chile, que se ha refundado unas tres o cuatro veces en nuestra historia, y que nunca ha resultado porque siempre se ha defendido mediante artimañas legales y no legales al sostenedor privado. Tal vez sería menos burocratizante obligar a que la Contraloría haga su trabajo.

La demanda por la desmunicipalización de la educación que implicaba que imagináramos un sistema moderno para que el Estado pudiese retomar con responsabilidad y energía su rol, se quedo en el tintero. Tal vez el apetito de los partidos políticos a nivel local ha crecido después de los anuncios de aumento de subvención. De todas formas, seguimos teniendo apenas unos 30 municipios con personal capaz de “reflexionar” sobre educación, mientras el resto marca el paso. ¿Qué indica que las cosas van a cambiar?

El Consejo Nacional de Educación, otro elefante blanco. Si hay algo que demostró la movilización de los pingüinos es que los actores escolares: estudiantes secundarios y de educación superior, profesores, asistentes de educación y apoderados, pueden perfectamente participar en la gestión del sistema escolar. Entonces, ¿por qué seguir elitizando académica o políticamente la apertura del Estado a la democracia? Cabe señalar que en este Acuerdo, la democracia esta circunscrita a la provisión mixta, es decir que mientras existan escuelas privadas existirá la democracia… ¡atención que este es nuevo concepto de democracia!

La Educación Técnico Profesional sigue siendo a pesar de los anuncios de este año totalmente marginalizada, si bien existe una matricula cerca al 50% que estudia en estos liceos, no hay una sola línea dirigida a estos establecimientos. Se sigue pensando que la formación técnica debe darse en los dos últimos niveles, ¿por qué no comenzar antes? Recordando una frase popular de la Concertación: ¿será que se cree que los alumnos no pueden caminar y mascar chicle al mismo tiempo?

Cuando se habla de autonomía, no hay que engañarse. Cuando pensamos en un sistema educativo de calidad debemos fijarnos en el valor pedagógico, social y ciudadano de nuestros establecimientos. Si autonomía significa que permitiré el lucro (o el emprendimiento), la selección (encubierta en traslados forzados, repitencia, hostigamientos, cancelaciones de matricula, persecución a la participación y opinión, etc.), la homogenización de los estudiantes en vez de la riqueza de la diversidad, no se favorece el rol educador del Estado.

A propósito de la selección, decidir que la educación básica tenga seis años en vez de ocho, para seguir así permitiendo la selección en séptimo básico es un contrasentido que atenta contra los derechos humanos. Las escuelas financiadas por el Estado tienen la obligación de recibir a los alumnos y alumnas que postulen, porque todos y todas pueden aprender, y porque debemos aspirar a que la excelencia es del sistema completo, y no propiedad de algunos. ¿No es esto ser democráticos en educación?

Uno de los males del sistema es la subvención por alumno, que ha mantenido a las escuelas públicas en un deterioro creciente. Esta cuestión no se corrige ni se critica en lo más mínimo, de hecho se celebra una subvención preferencial que seguirá amparando que las escuelas en vez de ayudarse y cooperarse para aprender en conjunto, sigan en franca competencia por el financiamiento de sobrevivencia.

En conclusión y para no aburrir con esto que ha resultado un decálogo, asalta una gran duda: ¿cuál es el nivel de (in)comprensión lectora de la clase política? Parece que no han entendido nada, y tendrán que repetir la Revolución de los Pingüinos o quizás, lo cual podría tentar a algún tecnócrata, habrá que pensar en diseñar estándares que nos permitan medir la calidad de nuestros representantes.

Ps. Jorge Inzunza H.

Mag. En Ciencias Humanas y Sociales